Traducido por Deya Jordá. Revisado por Carmen Méndez.
Cuando el Departamento de Justicia clausuró una investigación secreta sobre acusaciones de que narcotraficantes financiaron la primera campaña presidencial del líder de México, Andrés Manuel López Obrador, los funcionarios en Washington cerraron el caso contundentemente.
Durante los años que siguieron a esa decisión de 2011, agencias policiales de Estados Unidos continuaron escuchando informes similares, incluido los relatos de por lo menos cuatro traficantes mexicanos de alto nivel que dijeron que sus bandas ayudaron a financiar la maquinaria política de López Obrador a cambio de promesas de protección oficial, según muestran documentos y entrevistas.
Sin embargo, los investigadores estadounidenses no dieron seguimiento a esas alegaciones, en parte porque veían poco apoyo en Washington para un caso de corrupción contra un importante líder político mexicano, dijeron oficiales actuales y antiguos.
“Hicimos lo que pudimos y no quisieron tomar el caso”, dijo un antiguo investigador de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de la investigación que durante 18 meses indagó en la campaña de López Obrador en el 2006. “Eso fue todo; nadie tenía ganas de llevarlo adelante”.
López Obrador perdió esa primera elección presidencial y una segunda en 2012 antes de ser elegido en 2018. Un duro crítico de la política de sus predecesores de librar una “guerra” con los traficantes con apoyo de los Estados Unidos, él prometió usar programas sociales — “abrazos, no balazos” — para disuadir a los jóvenes mexicanos de unirse a las mafias. Sin embargo, su presidencia ha visto crecer el crimen organizado como nunca antes.
El presidente ha negado que su campaña de 2006 recibió dinero de los traficantes. Insistió en que los recientes informes de ProPublica y otros medios sobre la investigación de la DEA resultaron de una conspiración para debilitar a su partido político antes de las elecciones nacionales del mes pasado. Pero la preocupación por los posibles vínculos mafiosos de al menos un miembro de su equipo de campaña de 2006 también ha surgido dentro de su propio gobierno.
La candidata del partido de López Obrador, Claudia Sheinbaum, ganó la elección presidencial por una amplia mayoría. Aunque la violencia fue un asunto central en la votación, ella ha indicado que seguirá políticas similares contra el crimen organizado.
Como ha reportado ProPublica este año, la investigación de la DEA comenzó en abril de 2010, tras el relato de un traficante convertido en informador, que habló en detalle para los agentes de la negociación y entrega de unos $2 millones a la campaña de López Obrador en 2006. El caso terminó cuando el Departamento de Justicia rechazó una propuesta de la DEA para una operación encubierta en México para implicar a la campaña del futuro presidente.
Después de que el Departamento de Justicia clausurara la investigación, varios traficantes de alto perfil extraditados a Estados Unidos les ofrecieron a los investigadores más información sobre el trato de las mafias con la operación política de López Obrador. Pero, según documentos no divulgados anteriormente y entrevistas con más de una docena de funcionarios actuales y antiguos de los Estados Unidos, casi toda esa información fue archivada o ignorada.
Aunque los detalles del caso se mantuvieron en secreto, un círculo más amplio de agentes era consciente de que una investigación a la campaña de López Obrador había sido abortada, en parte por los posibles riesgos que suponía para la relación de Estados Unidos y México. En otras instancias, dijeron investigadores, simplemente se concentraron más en la información que podían extraer de los traficantes sobre sus asociados criminales y el movimiento de sus drogas. Debido a lo delicado del caso de López Obrador, los funcionarios solo quisieron hablar del asunto bajo condición de anonimato.
El traficante nacido en Estados Unidos que donó los $2 millones a la campaña de López Obrador, Édgar Valdez Villarreal, conocido como “La Barbie”, fue capturado por las autoridades mexicanas en 2010, justo cuando la investigación de la DEA estaba progresando. Pero cuando él y algunos de sus lugartenientes fueron extraditados, el caso ya estaba cerrado.
Uno de esos lugartenientes, Sergio Villarreal Barragán, un expolicía alto conocido como “El Grande”, dio la información más sustancial a los investigadores estadounidenses. En un libro reciente, una periodista mexicana, Anabel Hernández, cita a fuentes anónimas que dicen que el traficante les dijo a altos fiscales mexicanos y a dos agentes de la DEA en los primeros días después de su detención, el 12 de septiembre de 2010, que él había entregado personalmente $500,000 a López Obrador en junio de 2006, casi al final de su campaña electoral.
Pero un informe de la DEA que no ha sido publicado anteriormente y que fue revisado por ProPublica, no menciona esta versión. El “Informe de Investigación” de los agentes, fechado el 20 de septiembre, cita al traficante diciendo que “estaba interesado en cooperar con el gobierno de Estados Unidos y podría suministrar información valiosa sobre funcionarios mexicanos de alto rango.” Sin embargo, funcionarios cdijeron que El Grande enfatizó que solo hablaría después de ser extraditado a los Estados Unidos.
Varios exfuncionarios dijeron que agentes estadounidenses en México a veces eliminaban acusaciones de corrupción de alto nivel de informes que podían ser compartidos con otras agencias estadounidenses. Funcionarios que conocen la investigación de la campaña de López Obrador dijeron que nunca escucharon que El Grande afirmara que personalmente entregó dinero al candidato.
El Grande comenzó a hablar más abiertamente de la corrupción mexicana en el mismo avión que lo extraditó a Texas en mayo de 2012, dijeron funcionarios. Describió enormes sobornos a varios altos funcionarios, incluyendo a Genaro García Luna, un poderoso ministro de seguridad que fue declarado culpable de conspiración en los Estados Unidos. También confirmó que asistió a la reunión del 2006 en donde La Barbie se comprometió a financiar la campaña de López Obrador. Pero los funcionarios añadieron que no fue interrogado en profundidad sobre esas donaciones porque ya se había cerrado la investigación de la DEA.
Tres años más tarde, el exjefe de El Grande, La Barbie, fue extraditado a Atlanta, donde él también confirmó algunos aspectos de las donaciones del 2006, según dijeron los funcionarios. Pero, agregaron que la investigación de la DEA estaba lo suficientemente lejos en el pasado como para que los investigadores ni siquiera le interrogaran en detalle sobre López Obrador. (Los fiscales tampoco tenían mucha confianza en su memoria y decidieron no utilizarlo como testigo en el juicio por corrupción de García Luna el año pasado).
Otro traficante de Sinaloa, Jesús Reynaldo Zambada García, ha testificado en dos importantes juicios en Nueva York que su rama del sindicato también donó millones de dólares a la operación política de López Obrador. No obstante, los relatos de Zambada han parecido confusos y fragmentarios, en parte porque los fiscales intentaron limitar su testimonio sobre la corrupción mexicana.
Hasta que las autoridades mexicanas lo capturaron en 2008, Zambada supervisó las operaciones del sindicato en la Ciudad de México, incluyendo los varios niveles de sobornos que pagaba para proteger los vuelos con cocaína que aterrizaron dentro o cerca de la capital.
Durante el juicio del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en 2018, Zambada testificó que la banda había pagado “unos cuantos millones de dólares” a un alto oficial de seguridad de la Ciudad de México en 2005, cuando López Obrador era jefe de gobierno de la capital. Zambada indicó que el dinero era un pago inicial para la protección en un futuro gobierno nacional de López Obrador.
En otro juicio el año pasado, Zambada confirmó que él les había dicho a los investigadores de Estados Unidos que su grupo le pagó a un asesor de López Obrador, Gabriel Regino, “algo así como” $3 millones.
Esta afirmación fue noticia en México, y tanto López Obrador como Regino la negaron. Pero la historia se complicó después de que un abogado le preguntara a Zambada si él alguna vez les había dicho a los investigadores que el cártel le pagó a Regino $7 millones para la campaña de López Obrador contra Vicente Fox. (Fox fue el presidente anterior del partido conservador de Calderón; en 2006, López Obrador se presentó contra Calderón para ser su sucesor). Zambada, que parecía confundido por la pregunta, negó haber dicho tal cosa.
Sin embargo, un documento previamente no publicado que fue revisado por ProPublica muestra que Zambada de hecho sí dijo tal cosa — o que el agente de seguridad nacional que resumió su interrogatorio del 6 de julio de 2013, en Washington podría haber confundido un presidente conservador con el otro.
“A López le pagaron $7 millones de dólares a través de Gabriel Regino cuando López era candidato para la presidencia en contra del presidente Fox,” expone un resumen de la entrevista, que se centró en los sobornos a funcionarios de policía, aduanas y militares que Zambada coordinó para vuelos de drogas a la Ciudad de México y a Toluca.
Funcionarios actuales y antiguos dijeron que algunos miembros de otros dos grupos de traficantes mexicanos, el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas, les dijeron a los investigadores después de ser extraditados que sus bandas también contribuyeron a la campaña de 2006 de López Obrador.
El primero de esos traficantes, ex líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, les dijo a los agentes poco después de ser extraditado a Houston en 2007 que su organización le había dado dinero a la campaña de López Obrador, así como a oficiales de seguridad del gobierno, dijeron dos personas familiarizadas con sus declaraciones. Pero los agentes no le preguntaron a Cárdenas en detalle sobre esos supuestos sobornos porque pensaban que había pocas posibilidades de que el Departamento de Justicia presentara un caso de corrupción, según dijeron estas personas. Un abogado de Cárdenas, Chip B. Lewis, se negó a comentar sobre el informe.
A pesar de que López Obrador ha insistido en los últimos meses en que "no hay pruebas" tras los reportajes sobre contribuciones de los traficantes en 2006, documentos de su propio gobierno muestran que el ministro de defensa de México tenía serias reservas sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico de un miembro del personal de esa campaña.
Las preocupaciones se centraban en un coronel jubilado del ejército, Silvio Hernández Soto, quien era uno de los guardaespaldas principales de López Obrador en 2006. Hernández se convirtió luego en objeto de escrutinio tanto para los investigadores de la DEA como los fiscales mexicanos que dirigieron un importante caso anticorrupción durante el gobierno de Calderón.
Un informante de la DEA que había trabajado como traficante para La Barbie les dijo a los investigadores en ambos países que le habían presentado a Hernández en conexión con la campaña de 2006. Más tarde buscó su ayuda para organizar protección militar para vuelos con drogas a través del aeropuerto de Cancún, dijo el informante. En 2012, Hernández fue arrestado en México junto con varios generales del ejército, acusados de haber colaborado en el plan de protección.
En 2013, sin embargo, un nuevo gobierno mexicano cambió curso bruscamente, abandonó la investigación de la corrupción y puso en libertad a todos los sospechosos del caso. Aunque las acusaciones contra Hernández nunca fueron refutadas de forma definitiva, pasó a trabajar como alto funcionario policial en el estado oeste de Sinaloa, un núcleo de la industria de drogas de México.
Después de que López Obrador tomara poder en 2018, Hernández fue seleccionado para un puesto sensible de alto nivel en la Fiscalía General de la República. Pero en un paso extraordinario que no fue público en su momento, el nuevo ministro de defensa, General Luis Cresencio Sandoval, intentó bloquear el nombramiento, según muestran los documentos.
En una carta al fiscal general el 12 de septiembre de 2019, Sandoval advirtió que había “pruebas documentales” tanto en archivos judiciales como en bases de datos de la inteligencia militar, que muestran que Hernández “mantuvo conexiones con miembros del crimen organizado”. La carta cita alegaciones del caso de anticorrupción mexicano — que también había sido investigado detalladamente por fiscales militares — e incidentes de la etapa de Hernández en Sinaloa.
La carta también indicaba que el alto funcionario que había recomendado a Hernández para el puesto era el jefe de inteligencia del presidente, el general jubilado Audomaro Martínez — quien había sido el jefe inmediato de Hernández durante la campaña de 2006 de López Obrador.
La carta del ministro de defensa fue descubierta por el grupo no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que la encontró entre miles de documentos del Ministerio de Defensa revelados el año pasado por un grupo de activistas digitales, Guacamaya Leaks.
El portavoz de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que Hernández no había sido finalmente contratado por la oficina del fiscal general y que nunca trabajó en el gobierno de López Obrador. No ofreció comentarios sobre por qué Martínez había recomendado a Hernández para el puesto.
Un abogado de Hernández no respondió a los mensajes solicitando comentarios.
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ProPublica es un medio independiente y sin ánimo de lucro que produce periodismo de investigación en pro del interés público. Suscríbete para recibir nuestras historias en español por correo electrónico.
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